El Salario Mínimo Interprofesional: una puerta de entrada en la pobreza
es un artículo de la economista miembro de la RED VASCA ROJA Nekane Jurado publicado en GARA el 11 de abril de 2000.

El Salario Mínimo Interprofesional: una puerta de entrada en la pobreza

Los estudios institucionales sobre la pobreza parecen guiarse por modas, como otros campos intelectuales. En la Comunidad Europea mientras duró el II Programa de Lucha Contra la Pobreza, estuvo en auge el debate sobre «la nueva pobreza», pero la moda pasó. Ahora, más de diez años después, dentro de la agenda europea se prevé un nuevo programa de lucha contra la pobreza. Y como el vocabulario transmite realidades e ideología, se pretende arrinconar la palabra pobreza cambiándola por términos más soportables para los funcionarios, tecnócratas, parlamentarios y gestores del bienestar, hablándose así de «colectivos menos favorecidos», de «colectivos en ausencia de bienestar»... pasando a formar parte del lenguaje político que llena los términos de imprecisión.

Así, bajo el término «nueva pobreza estructural» subyace toda una ideología sustentada en que las ayudas a los pobres aumenta el número de pobres. Se trata de una concepción según la cual quieren hacernos creer que las ayudas contra la pobreza tienen como efecto perverso la cronificación de la pobreza, colocando a los perceptores de ayudas en una situación muy cómoda, en la cual les resulta más gratificante recibir las migajas del sistema que intentar salir de la pobreza. Claro está que este tipo de análisis y consideraciones los realiza el «observador externo» bien instalado en el sistema económico que él gestiona, y no tiene en cuenta los factores que conducen al empobrecimiento.

En los estudios sobre la pobreza en Hego Euskal Herria, la discusión parece centrada en el número de pobres que en ella existen. Se trata de cuantificar buscando «metodologías que minimicen el número de pobres» y tratando de ocultar, tras la interpretación de dichos números, la realidad cotidiana que empuja a las situaciones de pobreza.

El problema más controvertido en los estudios de este tipo es el de cómo decidir qué personas son pobres y cuáles no. Se trata de establecer una línea de separación denominada «umbral de pobreza» y que suele establecerse en términos monetarios, de tal manera que las personas que no lleguen a ese nivel monetario son consideradas como pobres. La Comunidad Europea (CE), igual que la OCDE, marca el umbral de pobreza en el 50% de la renta total media, es decir considera por debajo del umbral de pobreza a toda persona cuyos ingresos medios sean inferiores al 50% de la renta media de su territorio. Por supuesto, el Gobierno vasco, tan respetuoso con la CE, ha hecho caso omiso de esta metodología y ha utilizado una de creación propia, para «ocultar pobres».

Si dejamos de lado las cifras que nos da el Gobierno vasco, y nos vamos a la definición de la CE, podríamos acercarnos, por lo menos a nivel de grandes colectivos, a otro tipo de valoraciones cuantitativas.

Así, según el último dato oficial publicado, la renta media directa por habitante en 1998 ha sido de 1.980.986 pesetas en la CAPV, por lo que el umbral de pobreza quedaría determinado según la CE en el 50% de dicha cantidad, es decir en 990.493 pesetas. Sorprende comprobar que en 1998, año del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fue de 952.560 pesetas, o sea, el SMI está por debajo del umbral de pobreza. Pero también están por debajo la pensión media de viudedad que en dicho año era de 817.600 pesetas, la de orfandad, 529.200 pesetas, y en un largo etcétera nos topamos también con el IMI o Ingreso Mínimo de Inserción, que era de 540.000 pesetas.

Por el lado de las personas, 216.000 percibían pensiones y prestaciones públicas por debajo del umbral de pobreza. Si a ello le añadimos el ingente número de jóvenes que está trabajando por el Salario Mínimo Interprofesional, el colectivo de trabajadoras del hogar cuyos salarios medios se sitúan en un 15% por debajo del SMI, o el gran número de mujeres contratadas a tiempo parcial cuyas rentas anuales medias quedan también muy por debajo del umbral de pobreza así marcado, podremos comprender que hablar de número de pobres o niveles de pobreza es «subjetivo» según los propios intereses de la institución que se considere.

Estas realidades que conducen a la pobreza se encuentran dentro de las propias reglas de juego de «la economía de mercado». El mundo del año 2000 forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista y «no hay escapatoria de las leyes de esa economía mundial. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, construcciones sociales (estados, naciones, razas...), produciendo una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos, produciendo la pobreza capitalista» ⁽¹⁾.

«A no ser que las naciones afronten el doble problema de la creciente pobreza del Tercer Mundo y de la creciente inequidad dentro de ellos, la economía global y el medio ambiente seguirán ahondando en las situaciones de pobreza. Según algunos cálculos, de seguir la tendencia actual, la mitad de la humanidad estará en situación de pobreza absoluta entre 2050 y 2075, y una parte importante estará dentro de las llamadas economías desarrolladas» ⁽²⁾.

Por todo ello creemos que desde la izquierda, cualquier estudio sobre pobreza no debería de limitarse a discutir sobre los umbrales de pobreza o número de pobres; por el contrario, el estudio debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar por qué factores se está concentrando la riqueza y qué elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no sólo persistan sino que además se extiendan.

Un análisis de los factores de empobrecimiento proporciona una visión más adecuada, completa y rica del funcionamiento de una sociedad. A través de ellos se podrán perfilar los procesos complejos que llevan a la pobreza, y sólo la determinación veraz de estos procesos podrán permitir plantear políticas de lucha contra la misma.

En Hego Euskal Herria dos están siendo los factores claves del empobrecimiento: el mercado laboral y el de la vivienda. Dentro del mercado laboral en 1999 de cada 100 contratos realizados 91,1 han sido eventuales. Respecto a la duración de los contratos 77,47% han tenido una duración inferior a 3 meses, 22% entre 3 y 12 meses. Los salarios de este tipo de contratos se acercan cada vez más al SMI, que reiteramos está marcado por debajo del umbral de pobreza.

A la vez que se está aumentando la precariedad, está aumentando la jornada media anual de los contratados a jornada completa. Así, en la CAPV se ha pasado de las 1.675 horas anuales de 1994 a 1.794 horas en 1999, y en Nafarroa de 1.712 a 1.838 respectivamente. Este aumento de la jornada laboral se está dando a la par que en Hego Euskal Herria el año 1999 ha cerrado con un balance de 35.000 hogares con todos sus miembros en paro, lo que supone el 4,5% del total de los hogares.

Algo está fallando en un sistema que marca el salario mínimo por debajo de lo que marca el umbral de pobreza.

Hoy tener trabajo no garantiza no estar en pobreza. Es destacable el nivel de pobreza que se observa entre personas con ocupaciones vinculadas a la construcción (36,4%), la hostelería (38,1%) y, sobre todo, el servicio doméstico (64%).

Hoy, tener trabajo no es garantía para poder acceder a una vivienda, máxime cuando el alquiler medio está en 95.000 pesetas, o sea muy por encima del SMI. Hoy, sólo una de cada 10 personas que necesitan primera vivienda la encuentran de acuerdo con sus necesidades.

El sindicalismo vasco no debe conformarse con demandar un marco propio de relaciones laborales, debe empezar ya a no firmar ningún convenio que recoja salarios que perpetúen en la pobreza. La izquierda no debe de conformarse con aumentar un poco el salario social, el IMI o como le llamemos; debemos analizar los hechos que llevan a la pobreza, y después de reconocer una renta social mínima digna debemos de luchar contra las causas estructurales de la pobreza.

PNV y EA se oponen a la Carta de los Derechos Sociales, no por la filosofía que la Carta defiende, y que ellos desde una democracia cristiana podrían asumir, sino porque la Carta pide una renta mínima igual al SMI, y estos partidos dicen que eso no puede ser porque se ataca de raíz al mundo del trabajo. ¿Cómo iban a poder contratar los empresarios mano de obra joven y tan barata, sin seguridad laboral, si el salario social por no trabajar es el mismo? Esta es su pregunta. Nuestra respuesta debe de ser la denuncia de un SMI, que está por debajo del umbral de pobreza, para que los empresarios puedan seguir acumulando riqueza.

No olvidemos nunca que la economía global es de suma cero, lo que unos ganan otros lo pierden. Mi riqueza es tu pobreza.